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Categoría: Noticias
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Gracias a las publicaciones de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Gobierno de Canarias y posteriormente también a la Revista de Historia “Canarii” se puede tener hoy en día una mayor información sobre la terrible injusticia que se cometió con el Municipio de San Lorenzo, en la isla de Gran Canaria. A modo de resumen se puede decir que un municipio se apodera de otro por la fuerza del poder de los militares y por unos intereses mezquinos que no tuvieron en cuenta que se saltaban la legalidad vigente que amparaba a los municipios existentes en el año 1937.

Este hecho de atraco y asalto al Municipio de San Lorenzo se produjo en el citado año saltándose toda la legalidad vigente, como era la Ley Municipal de 1935. Hasta aquel entonces el Municipio de Las Palmas de Gran Canaria no había nunca podido lograr sus propósitos, largamente pretendidos, porque la legalidad se lo impedía. Se tuvo que conformar con el apoyo de un Gobernador Civil, D. Antonio García López, y todo el aparato represivo que le rodeaba, además de falangistas que hicieron auténticos estragos entre una atemorizada población, más después de ver como en el mes de febrero del año en cuestión eran fusilados el alcalde del Municipio de San Lorenzo, D. Juan Santana Vega, junto a su secretario. D. Antonio Ramírez Graña, el inspector jefe de la policía municipal D. Manuel Hernández Toledo, además de D. Francisco González Santana y D. Matías López Morales. Aquellos abominables asesinatos hicieron que el miedo impuesto por la presión y unos hechos basados en el abuso de poder, la fuerza de las armas y el miedo colectivo, ocasionaron unos daños morales y psicológicos a gran parte de la población afectada, haciendo que callaran y enmudecieran por muchísimo tiempo. Muchas de aquellas personas murieron sin ver que se restituyera lo que les pertenecía y aún hoy seguimos esperando que la justicia, que entendemos debe poner manos en el asunto, siga callando en pro de unos intereses partidistas que no permiten que la memoria colectiva se restituya. Es hora que los gobiernos democráticos de verdad se preocupen por dar una respuesta que satisfaga  a todas y todos aquellos que consideran que aquel asalto y acoso fue una injusticia basada en  la ilegalidad y en la prepotencia de los que ostentaban, de forma ilegal, el poder. Vemos con auténtico orgullo y alegría como ya son muchas personas las que hablan y comentan las barbaridades cometidas contra hombres y mujeres que defendieron un ideal de libertad y democracia pero pocos levantan las voz para apoyar y desenmascarar el atraco de que fue objeto toda una población y sus representantes políticos que fueron humillados y vejados para que, a punta de pistola, firmaran un documento que ni tan siquiera se les leyó. Simplemente se les obligó a firmar haciendo alusión a su condición de falangistas.
   
El mismo documento de anexión es un auténtico disparate, haciendo referencia a una ley, la Ley Municipal de 1935, que no les permitía llevar a cabo el atentado que se llevó a cabo. Es hora que aquellos tristes y lamentables hechos se subsanen dando respuestas que hagan honor a la restitución de una bandera, de unos alcaldes que han desaparecido de la faz de la tierra, para satisfacer el deseo de crecimiento de un Municipio que no tuvo en cuenta que la verdad, con el paso del tiempo, volvería a aportar luz a aquel oscuro y luctuoso suceso que nunca debió de llevarse a cabo.

Nos decía Savage Landor: "La demora de la justicia, significa injusticia" es debido a ello que hace muchísimos años que estamos viviendo una injusticia y por tanto hay que apresurarnos en que la justicia no se demore más de la cuenta.

Juan Francisco Santana Domínguez
Doctor en Historia