×

Advertencia

Uso de cookies - Unión Europea

En esta web usamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación, y ofrecer contenidos y publicidad de interés.

Ver la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas

El uso de cookies ha sido rechazado.
Imprimir
Categoría: La voz silenciada
Visto: 2761
Nos decía Cicerón, en  su obra De oratore: “La historia es el testimonio de los tiempos, la luz de la verdad, la vida de la memoria” y es por ello que todos los pueblos y lugares tienen su propia historia, una historia diferenciada que da luz a su trayectoria en el largo camino del tiempo. En el caso del Municipio de San Lorenzo de Tamaraceite nos encontramos con que su historia es claramente diferenciada de su vecina la Capital, que de forma ilegal e interesada lo anexionó, aprovechando los momentos más crueles y sanguinarios de la Dictadura, en el año 1939. Decimos que fue una ilegalidad histórica porque Las Palmas de Gran Canaria ya quiso crecer a costa de su vecino desde el siglo XVII aunque lo hiciera con mucha mayor intensidad a mediados del siglo XIX, cuando aparece la Ley de ensanche de las poblaciones de 29 de Junio de 1864, que era la primera que regía esta materia. Acogiéndose a aquella novedosa Ley la Capital ya quiso hacerse con parte del territorio del Municipio de San Lorenzo pero la normativa existente en aquel entonces no se lo permitía por muy variadas razones y lo mismo sucedió, ya en el siglo XX, con el Real Decreto de 1924 y la Ley Municipal de 1935 que amparaban a los municipios existentes en aquel entonces, dictando una serie de normas al respecto.
El ansia de extensión, a toda costa, del Municipio de Las Palmas de Gran Canaria no tuvo límites y aprovechó un momento crucial, imponiendo el Gobernador Civil de aquel entonces un asedio o asalto a un Municipio soberano como era San Lorenzo, utilizando las más variadas estrategias: aprovechamiento de fusilamientos de vecinos, incluido el alcalde comunista Juan Santana Vega, su secretario Antonio Ramírez Graña, el inspector de la guardia municipal Manuel Hernández Toledo, Matías López Morales, representante del Frente Popular, y el vecino Francisco González Santana; se cesaron a los alcaldes y concejales uno tras otro hasta encontrar a los más idóneos, los que cedieran ante la presión y el miedo de las pistolas; vergonzosas amenazas a la población haciendo llamadas al patriotismo; mensajes en los bares y tiendas para que se olvidaran de lo que fue San Lorenzo; presiones económicas de la más diversa índole, entre ellas el pedirle el Cabildo unas cantidades que San Lorenzo debía hacía más de diez años, o el débito que se le exigía desde la Central Eléctrica, a pesar de que ya se había llegado a un acuerdo para pagarla de dos veces, pero el Gobernador Civil dio ordenes en la Compañía Eléctrica de Canarias para que pidiera a San Lorenzo la cantidad de 4.825´95 pesetas, obligándoles a pagar en el momento, se olvidaron de que existen documentos en los que se ve que los otros Ayuntamientos también tenían los mismos problemas y así, por ejemplo, el de Las Palmas de Gran Canaria debía 372.854´51 pesetas y el de Telde 6.425´55, pero sólo se le exigía a San Lorenzo que pagara, se sumó Sanidad exigiendo, en el mismo momento, unas 14.000 pesetas por el costo de medicinas que se habían pedido en años anteriores. Con aquella estrategia se hacía coincidir muchos frentes a un mismo tiempo y lo curioso es que se había podido solucionar aquel caos económico con el ingreso que Hacienda tenía que hacer a San Lorenzo pero, de forma evidente, nunca llegó. Se sumó a aquella situación angustiosa la pérdida de sellos y documentos, que desaparecieron por la actuación de una mano puesta al servicio de los intereses de la Capital, que aumentaron la tensión en el seno de aquel indefenso Ayuntamiento.

Se podían ver sólo un artículo, a modo de muestra, de la Ley municipal de 1935: El Artículo 10: “ para la  agregación de un municipio  a otro  se había de disponer  de la petición por escrita  de la mayoría de  los electores residentes  en los  términos municipales  que hubieran de unirse , dirigida  a sus respectivos  ayuntamientos , o en su defecto  también pudieran hacerlo, por acuerdo adoptado  por las dos terceras partes de los concejales que legalmente compongan los ayuntamientos respectivos”. El pueblo en ningún momento fue consultado ni los concejales obligados a firmar representaban las dos terceras partes de los mismos, se tenía que haber contado con la firma de trece de los mismos y no sólo de cinco hombres asustados.

No sólo se llevaron a cabo atropellos individuales y grupales, también se pusieron en escena humillaciones e ilegalidades que hicieron que el Municipio de San Lorenzo desapareciera por la fuerza de las armas, de la pérdida de la vida de parte de sus representantes políticos comunistas y socialistas, de la presión impuesta sobre una población atemorizada e indefensa y todo por mor de los caprichos de grandeza de unos representantes políticos y de un Gobernador Civil que se puso al lado de los intereses de la Capital, saltándose la mencionada Ley Municipal de 1935 que no se lo permitía, pero que de forma muy torpe hicieron alusión a la misma en un triste, patético y poco inteligente documento de anexión que firmó Ramón Serrano Súñer, demostrando que su cargo de Ministro de Interior de aquella Dictadura no le supuso conocer aquella Ley a la que hacía alusión. Casi 30.000 personas vieron con estupor como se acostaron el día 31 de diciembre de 1939 como ciudadanos del Municipio de San Lorenzo y se levantaron el día 1 de enero de 1940 como ciudadanos del Municipio de Las Palmas de Gran Canaria, toda una barbarie que se ha silenciado por los intereses de una Capital que no dejaría de ser grande, como siempre lo fue, reconociendo y subsanando aquellos injustos hechos.

Todos aquellas injusticias llevada a cabo bajo una dictadura que sólo unos pocos eligieron, por mor de su vanagloria personal e ideal de defensores del bien, que se salto la legalidad y la forma de gobierno elegida por la mayoría de los ciudadanos, no puede eternizarse, simplemente sus actos y hechos deben ser considerados ilegales y aplicársele una ley que devuelva lo que nunca debió ser tomado. Amparándonos en esa ilegalidad pedimos que la Ley de la Memoria Histórica se aplique sin ningún tipo de sesgo y de una vez por todas la democracia, que ya se puede considerar mayor de edad, por el tiempo transcurrido, aplique la justicia y la verdad y no trate de esconder los horrores e injusticias cometidas tanto a nivel individual como a nivel colectivo, como es el caso del Municipio de San Lorenzo.

El Municipio de San Lorenzo fue ya un Lugar, un Pueblo que ya tenía jurisdicción diferenciada de la Capital desde la mitad del siglo XVII y con anterioridad a la Conquista fue un cantón, Atamarasaid, con un gran peso en el contexto insular. Su historia claramente diferenciada y su gente esperan una respuesta que ya se alarga demasiado en el tiempo. Hemos sufrido una anexión forzada y vejatoria durante sesenta y siete años y ya es hora que los políticos que han defendido el falso caminar juntos nos digan, nos expliquen el porqué si hemos sido parte de la Capital durante estos últimos años no se ha hecho nunca mención a nuestra historia, a nuestros alcaldes y políticos, a nuestra bandera. ¿Por qué muchísima gente desconoce, a pesar de haber pasado tan sólo 67 años, la verdadera historia de estos dos municipios?

Juan Francisco Santana Domínguez
Doctor en Historia