La historia es del Pueblo

San Lorenzo quiere que la Ley de Memoria Histórica lo reconozca como víctima de la Guerra Civil

Vecinos de San Lorenzo agrupados en la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica piden que el barrio sea reconocido como "víctima" de la Guerra Civil en la futura ley de la Memoria Histórica, por la anexión "ilegal" a Las Palmas de Gran Canaria en el año 1939. La asociación que ha presentado una propuesta de enmienda al proyecto de ley a través del diputado de Nueva Canarias (NC) Román Rodríguez, exigen que sea reconocido no sólo el derecho a la "reparación de la memoria" de las personas y familias que sufrieron la represión durante y después de la Guerra Civil española, sino también el de las entidades locales.

San Lorenzo fue un claro ejemplo de las irregularidades e ilegalidades que se cometieron tras acabar la Guerra Civil. En 1939 y, por decisión del gobernador civil Antonio García López, se anexionó el municipio al de Las Palmas de Gran Canaria en clara violación de la normativa municipal republicana dictada en 1935. Dicen los defensores de la restitución histórica del barrio que ni la población fue consultada ni fue una decisión que tomara su Corporación. Es más, sólo cinco de los diecinueve concejales firmaron "bajo pistola" la fusión.

José Miguel Dumpiérrez, abogado que ha participado en la elaboración de la propuesta, señala que la ley se "quedaría coja" si no se reconociera el daño colectivo que se hizo a las entidades locales, ya que el municipio es una de las organizaciones elementales de nuestro entramado territorial y "donde los individuos hacen causa común en defensa de sus intereses".

HONRAR. El proyecto de ley por la recuperación de la Memoria Histórica, propuesto por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, trata de "honrar y recuperar la memoria de los que padecieron las injusticias y agravios" que por "motivos ideológicos o políticos o por conductas vinculadas con opciones culturales, lingüísticas o de orientación sexual" realizaron ambos bandos durante la Guerra Civil y, posteriormente, durante la dictadura.

Según la Asociación, el proyecto de ley reconoce la "reparación y reconocimiento" a título individual, pero no a los pueblos o municipios que fueron "silenciados" con la anexión a otras entidades locales y que, en muchos casos, supuso el fusilamiento o la represión de sus representantes locales legalmente elegidos.

Si bien el nacionalista Román Rodríguez accedió a defender la enmienda durante su trámite parlamentario, los retrasos en la elaboración de la misma han impedido su defensa en la Cámara Baja. No obstante, Rodríguez se ha comprometido a llevar a la Comisión sobre la Memoria Histórica, presidida por el socialista Ramón Jáuregui, la enmienda aunque deberá ser otro partido político quien la defienda en el Senado al no tener ahí NC representación.

Rodríguez cree que la enmienda no tendrá problemas para ser admitida a trámite por el "talante" y la "coherencia" de las personas que están en la Comisión. "La ley está orientada a reconocer la deuda que se tiene con las personas que fueron agraviadas pero es bueno, de justicia, que se reconozca el daño que se hizo a dicha corporación". El diputado cree que el sistema democrático español tenía una deuda pendiente con esta parte de la historia española y que ha transcurrido el tiempo suficiente para que la "reclamación" se dé aunque no contente al cien por cien de los españoles.

Los vecinos quieren, además, que se declaren "nulas de pleno derecho" todas aquellas resoluciones dictadas por las autoridades y que no hayan sido aún "anuladas" ya que se tomaron vulnerando el marco normativo existente en el momento.

El proyecto de ley deja bien claro que no se recompensará a los agraviados. Sin embargo, la Asociación quiere que, en el caso de tratarse de colectividades, se les "restituyan los derechos o situación jurídica" anterior a la Guerra Civil si así lo deseasen sus representantes. Una puerta abierta a la segregación.

Para una España, el 18 de julio de 1936, es la fecha en que se perpetró la mayor traición contra la soberanía de un pueblo que había decidido romper las cadenas de siglos de tiranía y opresión, y libremente, reconducir su destino por el sendero de la igualdad y la justicia social. Aquel fatídico día se consumó una violación contra la legalidad y se llevó a cabo un brutal atentado contra la libertad. El 18 de julio de hace setenta años supuso el comienzo del desmantelamiento del Estado de derecho, de la pérdida de las libertades conquistadas durante la II República y el inicio del mayor acto de genocidio perpetrado por unos españoles contra otros.


Para la otra España, el 18 de julio de 1936, fecha del Glorioso Alzamiento Nacional, representa el punto de partida de la depuración de elementos indeseables que hacían peligrar la integridad de la patria. La gran Cruzada contra el “terror rojo” que amenazaba los privilegios de las oligarquías financieras, aristocráticas, eclesiásticas y militares.


Uno de los argumentos más recurrentes utilizados por quienes padecen una paranoica tendencia a justificar el alzamiento del 18 de julio, consiste en imputar a los dos bandos igual responsabilidad en el inicio del conflicto y apuntar que ambos cometieron las mismas atrocidades, equiparando a quienes se levantaron en armas contra el Gobierno surgido de las urnas con quienes defendieron la legalidad y los valores democráticos.


En la zona republicana, las detenciones y actos violentos que se sucedieron en los momentos iniciales de la sublevación fueron perpetrados por grupos aislados y descontrolados, que en ningún caso actuaron con el apoyo o la connivencia del gobierno de la República. Una vez superado el desconcierto inicial, cuando el ejército republicano comenzó a organizarse y las autoridades gubernamentales fueron recuperaron el control de la situación, cesaron de inmediato los asesinatos e incluso en algunos casos, los autores de las brutalidades cometidas fueron juzgados y condenados por tribunales militares. Por el contrario, resulta paradójico que los mayores actos de represión, ejecuciones, torturas y violaciones se llevaran a cabo en los lugares donde inicialmente triunfó la sublevación de los rebeldes. En pueblos y ciudades donde no fue necesario un solo tiro para someter a la población bajo el yugo fascista, se emprendió una feroz cacería contra los simpatizantes de la República, cargos públicos del Frente Popular, militantes de izquierdas y todo sospechoso de no comulgar con los postulados de la España Nacional. Las matanzas, los paseos y las vejaciones y humillaciones públicas contra los rojos y sus familias, llevados a cabo por los propios militares, pistoleros falangistas y personas de bien de la localidad, pronto se tornaron en dramas cotidianos que sembraron el terror y tiñeron de sangre cada rincón ocupado por los salvadores de la patria. En aquellos dramáticos momentos, ni los más pesimistas podían siquiera imaginar que tanto sufrimiento y tanta muerte inútil, no era más que un siniestro anticipo lo que estaba por llegar.


Mención aparte merecen los representantes del clero, que en lugar de posicionarse al lado de los perseguidos y sus familias, tal como cabría esperar de una institución cuya doctrina se asienta en la caridad cristiana y la empatía con el sufrimiento ajeno, tomaron partida por los verdugos convirtiéndose en cómplices, cuando no en precursores, de la sañuda crueldad de los sicarios fascistas. Clérigos y sacerdotes, abrazaron entusiastas la causa de la Santa Cruzada, y a lo largo de los años encubrieron, ampararon y silenciaron las atrocidades de un régimen que se afianzaba bajo el palio protector de las autoridades eclesiásticas.


Resulta difícil encontrar archivos o documentos donde se recojan declaraciones de oficiales del Ejército Popular alentando al asesinato indiscriminado o al ensañamiento con el enemigo. No ocurre lo mismo en el bando franquista, donde son numerosos los testimonios escritos o radiados (los mismo militares alardeaban sin tapujos de las heroicas gestas), animando a sus tropas e incluso a la población civil a asesinar, violar y torturar. Para muestra, reproduzco algunos extractos de declaraciones efectuadas por los más destacados oficiales del Ejército Nacional, que dan nombre a las calles y plazas de nuestra geografía.

 

“Es necesario crear una atmósfera de terror, hay que dejar sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todo el que no piense como nosotros. Tenemos que causar una gran impresión, todo aquel que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado”. Declaraciones del general Emilio Mola al comienzo de la sublevación.

 

“Tenemos que matar; matar y matar. Son como animales (…) Al fin y al cabo, ratas y piojos son los portadores de la peste. Nuestro programa para regenerar España consiste en exterminar un tercio de la población masculina. Con eso se limpiaría el país y nos desharíamos del proletariado. Además también es conveniente desde el punto de vista económico. No volverá a haber desempleo en España”. Entrevista del capitán franquista Gonzalo Aguilera, concedida al periodista John Whitaker.


"Naturalmente que los hemos fusilado ¿Pensaban que me llevaría conmigo a 4.000 rojos mientras mi columna avanzaba luchando contrarreloj? ¿Debía dejarlos en libertad a mis espaldas permitiéndoles que hicieran nuevamente de Badajoz una ciudad roja?" Declaraciones del general Yagüe a un corresponsal estadounidense tras la matanza de la plaza de toros de Badajoz


“Nuestros valientes legionarios y Regulares han enseñado a los cobardes de los rojos lo que significa ser hombre. Y, de paso, también a las mujeres. Después de todo, estas comunistas y anarquistas se lo merecen, ¿no han estado jugando al amor libre? Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricas. No se van a librar por mucho que forcejeen y pataleen”

"¿Qué haré? pues imponer un durísimo castigo para callar a esos idiotas congéneres de Azaña. Por ello faculto a todos los ciudadanos a que, cuando se tropiecen a uno de esos sujetos, lo callen de un tiro. O me lo traigan a mí, que yo se lo pegaré".

"Ya conocerán mi sistema: Por cada uno de orden que caiga, yo mataré a diez extremistas por lo menos, y a los dirigentes que huyan, no crean que se librarán con ello: les sacaré de debajo de la tierra si hace falta, y si están muertos los volveré a matar". Algunas de las arengas radiofónicas proclamadas desde Radio Sevilla por el general Queipo de Llano.

"Estoy dispuesto a exterminar, si fuera necesario, a toda esa media España que no me es afecta."  Declaraciones de Franco al corresponsal Jay Allen.


Mientras que el Ejercito Popular republicano concentró sus esfuerzos bélicos en intentar ganar una guerra que ni habían promovido ni originado, con el objetivo de derrotar al fascismo y restablecer la legalidad constitucional de la República, los rebeldes sublevados, además de combatir para conseguir la derrota incondicional del enemigo, se entregaron con notable ardor guerrero a la noble tarea de aniquilar cualquier vestigio que pudiera suponer un foco de disidencia contra el futuro régimen. Un verdadero holocausto iniciado en aquel verano de 1936 que no terminó con la victoria de Franco. El plan de exterminio emprendido por los nacionales durante la guerra desembocó en una cruenta venganza que se prolongó durante cuarenta años de terror franquista, bajo el auspicio de un régimen que nació y murió matando y que fomentó hasta el final la división de los españoles entre vencedores y vencidos.


En memoria de todos los españoles que se mantuvieron al lado de la legalidad republicana, y aún cuando el 18 de julio sea una fecha que provoque nuestra más categórica repulsa, es un compromiso moral y una cuestión de justicia histórica recordar aquella fatídica jornada. Debemos hacerlo para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan juzgar libremente quienes fueron las victimas y quienes los verdugos; que bando defendía la legalidad y cual luchó por derrocarla; quienes defendían la democracia y quienes la combatían. Es necesario evocar nuestra historia porque no es de justicia olvidar quienes fueron los españoles que entregaron sus vidas por defender la causa de la libertad y quienes les persiguieron, encarcelaron y asesinaron por ello. Las generaciones que ignoran lo que significa sobrevivir bajo la opresión de un régimen totalitario, que han tenido la fortuna de nacer y vivir en democracia, deberían tener presente que los principios y valores que hoy compartimos y asumimos con naturalidad como incuestionables, son la herencia de aquellos vencidos, que en un ejemplo de entrega, dignidad y espíritu de lucha, sembraron la semilla ideológica que hoy sustenta nuestro sistema de libertades.


Aunque las secuelas de la historia sigan causando dolor, el pasado no puede ser enterrado por los intereses de unos y el miedo de otros. Hay que recordar por aquellos que ya no pueden hacerlo; por las esperanzas truncadas, por las almas desterradas, por los secretos obligados, por los silencios impuestos, por las familias rotas, por las vidas desgarradas, por los sueños desbaratados, por las libertades perdidas... Hay que recordar porque se lo debemos a nuestros vencidos. Hay que recordar porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia, sin identidad y sin futuro.

LA CAPITAL GRAN CANARIA COLMA SUS ANSIAS DE EXPANSIÓN EN UN EPISODIO SANGRIENTO DURANTE LA GUERRA CIVIL

Hasta el mes de diciembre del año 1939 la isla de Gran Canaria estaba compuesta por 22 municipios, que amparaba la Ley Municipal de 31 de octubre de 1935, y anteriormente el Real Decreto de 1924. Será a partir del día primero del año 1940 cuando los municipios de Gran Canaria queden reducidos a los actuales 21. Desde aquel entonces un largo silencio, impuesto por los hechos y actuaciones llevadas a cabo por el gobernador civil de aquellos terribles momentos y todo el aparato político que le rodeaba, además del silencio interesado de Las Palmas de Gran Canaria, ha llevado a que la historia del municipio de San Lorenzo haya sido un tabú para la población afectada y desconocida casi totalmente para el resto de la Isla.

Prácticamente desde 1666, fecha en la que comienza a hablarse de jurisdicciones diferenciadas, aparecen los problemas en las zonas de contacto entre ambos municipios, que se acrecentarán a partir de 1681, año en que se convierte San Lorenzo en una parroquia independiente de la Catedral. El territorio que ocupó el municipio de San Lorenzo de Tamaraceite no siempre fue conocido con el mismo nombre, pues antes de los comienzos de la conquista de la Isla se trataba de un gran cantón aborigen: Atamarasaid, que aproximadamente ocupaba lo que actualmente el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Una vez llevada a cabo la conquista se siguió hablando de Atamarasaid, de Tenoya y del Lugarejo así conocido entonces, lo que después sería llamado San Lorenzo y sus alrededores.

Desde 1812 se multiplicaron los problemas de limites entre ambos municipios, pero, en ningún momento, a pesar de las innumerables reuniones mantenidas entre las diferentes comisiones creadas a tal efecto en ambos municipios, la capital pudo conseguir su anhelo de crecimiento. Sólo con la llegada del golpe militar del año 1936, se pudieron lograr los propósitos y el gobernador civil fue nombrando a dedo a diferentes corporaciones para el Ayuntamiento de San Lorenzo. Comoquiera que ninguno de los nombrados estaba de acuerdo con la anexión los cesaba e iba nombrando a otros en su lugar, hasta conseguir formar una corporación débil e incapaz de dar respuesta, hasta el nombramiento de la última corporación, con cuya elección se había logrado lo que se pretendia, aun que tampoco quería firmar sin más, pero el uso de la violencia consiguió el propósito que se ansiaba. Hay que recordar que la Ley municipal de 1935, en su artículo 50 señalaba: "La autoridad gubernativa no podrá intervenir de manera alguna en el nombramiento de concejales, ni en su suspensión o destitución, que sólo podrán ser decretadas por autoridad judicial salvo lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Orden Público".

Una vez designada la corporación municipal que deseaba el gobernador, es llamada a la ciudad para que se proceda a la firma. Sólo acuden cinco de sus 19 representantes, vulnerando nuevamente el artículo lO de la Ley municipal de 1935. Ni hubo petíción de los vecinos ni tampoco el número de concejales que se necesitaba para la aprobación, no cumpliéndose aquellos requisitos, pues los concejales firmantes no representaban las dos terceras partes necesarías para tal aprobación, para lo que se necesitaban casi 13 concejales, número que en nada se acerca a los que firmaron que, entre otras cuestiones, no representaban a nadie.

La anexión fue especialmente alentada por algunos concejaJes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que tenían parcelas y propiedades en el municipio de San Lorenzo en las que había proyectados varios desarrollos urbanísticos, y otras muchas personas importantes en la sociedad canaria, bien directamente o a través de relaciones familiares con concejales de la capital.

Uno de los sucesos más dramáticos, por su desenlace final, de los últimos años de la historia del municipio de San Lorenzo, es el relacionado con los enfrentamientos entre las tropas franquistas y los partidarios de las fuerzas de izquierda. Aquella circunstancia fue también aprovechada en pro de los intereses de anexionar San Lorenzo a la capital, lo que provocó que los injustos fusilamientos de Juan Santana Vega, alcalde en el momento del levantamiento de los militares; Antonio Ramírez Graña, secretario de la Corporación; Manuel Hernández Toledo, inspector de la Guardia municipal; Francisco González Santana y Matías López Morales sirvieran de freno a los posibles desacuerdos con lo que se estaba gestando. Los miedos de la población, debidos al momento de violencia de aquel entonces, se vieron acrecentados por la circunstancia de saber que unos meses antes habían sido fusilados cinco vecinos en el campo de tiro de La Isleta. Este hecho sirvió para aumentar el pánico en la población y que ésta no se rebelara contra la anexión impuesta, y así en la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (el 10 de noviembre de 1937) se podía leer: "Se invita a los vecinos del municipio de San Lorenzo a presentar las reclamaciones, sin que tengan cabida los comentarios extraoficiales, que sólo conducen a desorientar. " Con el clima de represión existente y aún sin finalizar la guerra civil, aquella anexión ilegal se llevó a cabo sin pudor y con total vulneración de derechos, no sólo individuales sino los colectivos.

Entre las diferentes presiones que llevó a cabo el gobernador civil para acabar con las fuerzas de los concejales de San Lorenzo se pueden citar, entre otras, la relacionada con la Compañía Eléctrica de Canarias para que exigiera a San Lorenzo la cantidad de 4.825,95 pesetas, a pesar de que ya se había llegado a un acuerdo con la citada compañía para pagar en dos plazos, pero se les obligó a pagarlos en el momento, olvidándose de que existían documentos en los que se podían ver que los otros ayuntamientos también tenían los mismos problemas y así, por ejemplo, el de Las Palmas de Gran Canaria debía 372.854,51 pesetas y Telde, 6.425,55; pero sólo se le exigía a San Lorenzo que pagara. Otra presión sería la del Cabildo, que en el mismo momento pedía a San Lorenzo que le abonase 18.000 pesetas por unas cédulas personales del año 1926, ¡increíble, pero cierto! otra presión vino de Sanidad, que le pidió en el mismo momento 14.000 pesetas por el costo de medicinas que se habían pedido en otros años. Y así seguiríamos, sin olvidarnos de que Hacienda debía a San Lorenzo unas cantidades con las que habría podido hacer frente a aquel colapso ocasionado por el juego partidista del gobernador, pero esas cantidades nunca llegaron, a pesar de que le correspondía cobrarlas.

Cuando nos planteamos en la sociedad actual el tema de la memoria histórica, ésta no se debe ceñir a la restitución de los derechos individuales, sino que debe también hacerse efectiva en la restitución de los derechos colectivos vulnerados, ya que son la suma de los diferentes derechos individuales. Los habitantes del municipio de San Lorenzo tienen el derecho a la recuperación colectiva de su dignidad y eso sigue siendo una asignatura pendiente a la que ningún político ha prestado el más mínimo interés.



Una actuación plagada de irregularidades administrativas

El municipio de San Lorenzo era limítrofe con Teror, Santa Brigida, Arucas y Las Palmas de Gran Canaria, estando la frontera en la Peña la Vieja y actual plazoleta de Farray, por lo alto de los Arenales llegaba a la muralla del Castillo de Mata, Fortaleza de San Francisco y Barranco de Guiniguada. La anexión fue llevada a cabo por el gobernador civil de aquel entonces, D. Antonio García López, en pro de los intereses de la capital, largamente pretendidos y no llevados a cabo hasta aquellos momentos porque la legalidad no se lo permitió en ningún momento. En dicha anexión concurrieron diversas ilegalidades, que atentaban contra la Ley Municipal de 1935, y así podemos ver diferentes artículos, entre otros:

• Artículo 5: se reconocen como municipio todos los que, al promulgarse la citada ley, estuvieroas legalmente constituidos.
• Artículo 10: para la agregación total de un municipio a otro, fusión de Varios, en ambos casos limitrofes, sería necesario: petición escrita de la mayoría de los electores residentes en los términos municipales que hayan de unirse, dirigida a su respectivo ayuntamiento, y acuerdo favorable de los ayuntamientos interesados.

También podría realizarse la agregación o la fusión de municipios limítrofes con los requisitos síguientes:

1. Acuerdo adoptado por las dos terceras partes de los concejales, que legalmente compongan los ayuntamientos respectivos.
2. Exposición de dichos acuerdos al público, para que éste pueda oponer cuanto considere oportuno, en plazo no inferior a quince días.
3. Resolución de las oposiciones acordadas por mayoría absoluta de los concejales que integren el Ayuntamiento, ante el que aquellas hubiesen sido formuladas.

Ninguno de ellos se cumplió.



NOTA: En el artículo impreso, aparece una foto que dice que pertenece al alcalde D. Juan Santana Vega, fusilado por los sublevados, en realidad pertence al alcalde D. Antonio González Cabrera, que es el que firmó la anexión.